En un acto significativo para la justicia ambiental y la educación superior del país, el Tribunal Agroambiental y el Centro de Estudios de Posgrado e Investigación (CEPI) de la Universidad Mayor, Real y Pontificia de San Francisco Xavier de Chuquisaca suscribieron un Convenio Específico de Cooperación Interinstitucional, que tiene como objetivo implementar el Diplomado en Derecho Ambiental, destinado a profesionales de las Ciencias Sociales y Humanísticas, servidores públicos del Órgano Judicial, abogados en ejercicio libre, así como profesionales de áreas afines. La firma de este convenio refleja un compromiso compartido por formar una nueva generación de profesionales con sensibilidad socioambiental, capaces de responder a los desafíos actuales del país y el planeta.
Un compromiso con la justicia y el medio ambiente
La Magistrada María Soledad Peñafiel Bravo, del Tribunal Agroambiental, destacó la importancia del convenio no solo como un instrumento técnico-administrativo, sino como una plataforma estratégica para construir una justicia comprometida con los principios consagrados en la Constitución Política del Estado. En sus palabras, el diplomado fortalecerá capacidades en temas agroambientales y promoverá una convivencia armónica entre el ser humano y la naturaleza.
«Este convenio se convierte en un punto focal para consolidar un modelo de administración de justicia más humano y más conectado con los valores ambientales», señaló la magistrada, remarcando la alegría que representa para el Tribunal trabajar de la mano con la Universidad.
Formación académica con impacto social
El PhD. Juan Carlos Rojas Vidovic, director del CEPI, remarcó la larga trayectoria de colaboración entre ambas instituciones, que ha dado frutos en múltiples programas de diplomado, especialidad y maestría. Señaló que la pertinencia de los contenidos curriculares ha sido construida con participación directa de especialistas del Tribunal y docentes universitarios.
“Venimos trabajando en la internacionalización del conocimiento generado, y en la publicación de investigaciones científicas vinculadas a la sociología del derecho y el cambio climático”, afirmó Rojas. También resaltó la importancia de consolidar conocimientos prácticos y jurisprudenciales, y su difusión a través de foros, congresos y producción académica conjunta.
Una alianza que trasciende lo académico
Por su parte, el Rector de la Universidad, Ing. Walter Arízaga Cervantes, subrayó que esta firma reafirma el rol activo de la universidad en la formación técnica y científica al servicio del país. Recordó que el vínculo con el Tribunal Agroambiental no es nuevo, sino que se basa en años de trabajo colaborativo y continuo en programas de formación.
“El medio ambiente no puede esperar. Frente a los incendios, la contaminación y los desafíos ambientales que enfrenta el país, es imprescindible combinar la acción judicial con el conocimiento técnico de la universidad”, expresó. Asimismo, propuso la realización de foros temáticos e instancias de debate con participación nacional e internacional, que permitan elevar el nivel de la discusión pública y jurídica sobre estos temas urgentes.
Mgdo. Richard Cristhian Méndez Rosales, Presidente del Tribunal Agroambiental, destacó el compromiso institucional con la protección de los derechos de la Madre Tierra y la importancia de fortalecer el conocimiento técnico y jurídico para una justicia ambiental efectiva. Resaltó también la necesidad de consolidar alianzas interinstitucionales, académicas y sociales que permitan enfrentar de manera integral los desafíos del cambio climático y la gestión sostenible del territorio.
Una alianza para el presente y el futuro
La firma de este convenio es una muestra clara de cómo el trabajo conjunto entre la academia y el sistema de justicia puede generar soluciones reales a problemas complejos como la protección del medio ambiente. Con el inicio del Diplomado en Derecho Ambiental, se abre un nuevo camino para formar profesionales con una visión crítica, técnica y profundamente humana del derecho y su relación con la naturaleza.
Este esfuerzo conjunto reafirma el compromiso de ambas instituciones con una Bolivia más justa, sostenible y consciente de la importancia de cuidar su riqueza natural.
