En un acto protocolar que reunió a autoridades académicas y del sistema judicial, la Universidad Mayor, Real y Pontificia de San Francisco Xavier de Chuquisaca y el Tribunal Constitucional Plurinacional suscribieron un Convenio Específico de Cooperación Interinstitucional, orientado a la implementación del Doctorado en Derecho Penal y Derechos Humanos, Versión I, modalidad virtual.
Este acuerdo tiene como objetivo fortalecer la formación académica de alto nivel, articulando la experiencia institucional del Tribunal Constitucional con el rigor académico del Centro de Estudios de Posgrado e Investigación (CEPI), en beneficio de profesionales del ámbito jurídico.
Formación doctoral para fortalecer la justicia
Durante su intervención, el Rector de la Universidad, el Ing. Walter Arízaga destacó que este convenio “representa mucho más que la firma de un documento”, señalando que constituye una decisión conjunta para avanzar hacia una formación académica especializada en áreas fundamentales para el país.
Asimismo, resaltó el rol del Tribunal Constitucional en la defensa de la Constitución y la protección de los derechos fundamentales, subrayando que la universidad tiene la responsabilidad de formar profesionales con pensamiento crítico, alta capacidad técnica y compromiso con la justicia.
“El país necesita profesionales que no solo conozcan la norma, sino que comprendan su alcance, su impacto y su responsabilidad en la construcción de una sociedad más justa”, afirmó.
El programa doctoral permitirá generar espacios de formación avanzada, investigación científica y producción de conocimiento, orientados a aportar al desarrollo del sistema jurídico boliviano y al fortalecimiento del Estado de Derecho.
Un espacio de formación y transformación
Por su parte, la Presidenta del Tribunal Constitucional Plurinacional, la Ph.D. Paola Verónica Prudencio destacó que este convenio marca la apertura de nuevas oportunidades de crecimiento académico y profesional, tanto para los servidores públicos del Tribunal como para abogados del ejercicio libre.
El Doctorado en Derecho Penal y Derechos Humanos fue concebido como un espacio de reflexión, análisis y generación de propuestas, que permitirá a los participantes no solo obtener un grado académico, sino también aportar soluciones a los desafíos que enfrenta la sociedad.
“Este programa no busca únicamente otorgar un título, sino generar un espacio de cuestionamiento, aprendizaje y construcción de soluciones para nuestra realidad”, expresó.
Asimismo, el Tribunal Constitucional reafirmó su compromiso de apoyar el desarrollo del programa, promoviendo la participación de sus funcionarios y fortaleciendo el vínculo entre la práctica institucional y la academia.
Articulación entre academia y Estado
La firma de este convenio consolida la cooperación entre la universidad y el Tribunal Constitucional, evidenciando la importancia de articular esfuerzos entre la academia y las instituciones del Estado.
Ambas instituciones coincidieron en que el trabajo conjunto permite construir soluciones más sólidas, fortalecer las capacidades profesionales y generar un impacto positivo en la sociedad.
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